Los fenómenos que llamamos desastres constituyen una prioridad en la agenda pública de cualquier nación. Año con año, los costos de las emergencias en países como México son atendidos mediante bolsas presupuestales que siempre parecen insuficientes. La valoración económica de las pérdidas en emergencias es un indicador de sólo un aspecto del problema. El rezago en la atención a los daños sufridos por las familias y comunidades enteras en su patrimonio y en sus posibilidades de recuperación, se acumula temporal y espacialmente. Mientras tanto, la ocurrencia de nuevas emergencias parece multiplicarse y al mismo tiempo hacerse más compleja, porque es observable que no son sólo consecuencia directa de fenómenos naturales, sino de condiciones preexistentes en las sociedades humanas –incluidos los rezagos antes mencionados-.
Las formas de configuración territorial impuestas por el modelo de desarrollo económico prevaleciente dictan cuáles son las relaciones entre medio ambiente y sociedad; es ahí donde se configuran los riesgos a desastre, la ocurrencia de los fenómenos desastrosos tiene su escenario en esta concurrencia. Es indispensable avanzar y profundizar en conocer, sistemáticamente y con rigor metodológico, cuáles son esas relaciones y prácticas deteriorantes, desde un programa académico profesionalizante especializado en la materia.
Desde la creación en la República Mexicana del Sistema Nacional de Protección Civil en 1986, se sentaron las bases para una política pública concertada que debe ocuparse de atender los desastres, y prevenirlos. De ahí devino la creación de un Centro Nacional para la Prevención de Desastres; posteriormente, una Escuela Nacional de Protección Civil. Los marcos legales se han reformado algunas veces; en el nivel federal, y en los estados, se han promulgado leyes en la materia. Existe formalmente toda una estructura –un Sistema– de Protección Civil algunas dependencias sectoriales, como las secretarías de Educación, Agricultura y Salud, en los niveles federal y estatal, tienen sus propios programas estratégicos para manejo de emergencias, y se han formulado programas dirigidos sobre todo a la administración de fondos para atender los daños (Fonden, Fopreden).
Sin embargo, los resultados en materia de prevención integral aún no son visibles. En 2017, 32 años después del sismo que marcó el parteaguas para la creación del Sistema Nacional de Protección Civil, seguimos enfrentando escenarios de desastre en los que los esfuerzos se centran sobre todo en la atención a la emergencia. Han habido avances relacionados con la investigación de los fenómenos de origen natural que pueden devenir en amenazas, gracias a los cuales se han instrumentado, por ejemplo, sistemas de alerta temprana para el caso de huracanes o sismos. Pero esos avances no han mejorado sensiblemente los indicadores de prevención estructural (ASF, Evaluación de la Política Pública de Protección Civil, 2014). Por el contrario, la percepción es que los fenómenos naturales son más violentos y que, por ello, los desastres han aumentado. Adicionalmente, desde hace unos quince años se ha incorporado a la agenda de investigación, y por lo tanto se debate en el medio académico, el tema del cambio climático, y sus implicaciones para las actividades agrícolas y en general para el agravamiento de escenarios de emergencia cada vez más complejos.
Precisamente el sismo del 19 de septiembre 2017 ha evidenciado una grave carencia en la región afectada (lo cual es extensivo para todo el país); no existen mecanismos adecuados para enfrentar las amenazas: ni preventivos, ni de respuesta inmediata y tampoco de reconstrucción y mitigación. El argumento no es lo trágico, sino la incapacidad para mitigar las condiciones de vulnerabilidad y evitar que el riesgo se multiplique. El costo económico de los desastres en el país asciende a más de 55 mil millones de pesos cada año, situación que incluye pérdidas materiales y económicas por la afectación a la infraestructura productiva, además del coste en vidas y el daño al medio ambiente. Algunos análisis inmediatamente posteriores a los sismos de septiembre de 2017, tomando en cuenta tan sólo indicadores macroeconómicos, proyectan una reducción del 0.35% al estimado del crecimiento del tercer semestre del año; para todo el año, el efecto negativo sería del -0.1%. La respuesta de fondo no es en el corto plazo y debe ser integral; la aportación de la BUAP desde el ámbito educativo consiste en subsanar la carencia de recursos humanos con capacidad para gestionar los riesgos.
Aprender a gestionar el riesgo desde una perspectiva territorial integral puede constituir un apalancamiento real para su reducción en cualquier contexto; desde el familiar, organizacional o territorial, pero para ello es indispensable contar con verdaderos Especialistas en Gestión de Riesgos y Manejo de Desastres, quienes desde su ámbito de influencia introduzcan y administren elementos y acciones tendientes a mitigar la vulnerabilidad de sus entornos. Además, la actuación de una academia responsable de la especialidad, en conjunto con estudiantes, permitirá en el largo plazo desarrollar planteamientos epistemológicos que amplíen las miras de comprensión, así como un marco teórico y metodológico que sea aplicable para la prevención y el manejo de esta problemática. Pero también un esquema de relaciones que desde la especialidad permita acercamientos con los organismos municipales, estatales y federales, para crear sinergias para una mejor gestión y manejo de desastres. De manera indirecta, un esfuerzo académico en este sentido será un elemento importante para generar una cultura general de prevención en la sociedad, comenzando por la poblana.
Para este compromiso la BUAP cuenta con diferentes recursos académicos y de apoyo técnico, los cuales se ponen en acción bajo la iniciativa de dos instancias universitarias, el Centro Universitario de Investigación, Docencia y Acción en Territorio (CUPREDER) y el Instituto de Ciencias, por medio del Cuerpo Académico de Investigación en Biodiversidad, Alimentación y Cambio Climático (CIBACC).
El CUPREDER acumula una experiencia de 23 años de trabajo continuo en proyectos de investigación aplicada a problemas de prevención y manejo de desastres. Este Centro ha desarrollado un enfoque metodológico interdisciplinario que examina el proceso del desastre como un problema complejo, eminentemente socioambiental, y debate con la visión clásica, también llamada “tecnocrática”, que se limita al manejo administrativo de las emergencias. El abordaje conceptual que aporta el CUPREDER incluye una dimensión territorial de la construcción del riesgo, lo que, en la experiencia de este centro, posibilita el diseño de sólidos instrumentos de planeación que apuntan a una prevención estructural a partir de la gestión de los territorios.
Esta visión se complementa con los aportes del CIBACC referentes a las bases epistemológicas para una mejor comprensión de la complejidad del riesgo y los desastres, así como de bases metodológicas de la interdisciplinariedad que requiere su abordaje. La realidad de los riesgos y desastres, al abordarse desde una perspectiva territorial, antes y después de un evento, se vincula a procesos complejos relativos al cambio climático, la biodiversidad y la alimentación, que son la materia de investigación y desarrollo de este cuerpo académico.
